La fiscal general de Perú, Zoraida Ávalos, abrió una investigación preliminar contra el presidente, Pedro Castillo, por los presuntos delitos de tráfico de influencias y colusión, por las visitas a su residencia de empresarios que luego ganaron contratos con el Estado.
Sin embargo, el anuncio de la fiscal tiene una letra chica: «por letra constitucional y de acuerdo con el antecedente de una investigación contra el entonces presidente Martín Vizcarra, se abre la investigación preliminar contra Castillo y en la misma resolución se suspende cualquier diligencia indagatoria hasta que concluya su mandato, en julio del 2026».
Ávalos decidió el inicio de la investigación preliminar por las visitas a la casa de Breña -uno de los distritos de la provincia Lima- y al Palacio de Gobierno de la lobbista Karelim López y las subsiguientes adjudicaciones de contratos en Provias Descentralizado y Petroperú en la compra de Biodiesel.
La fiscal general ya dispuso que se notifique de la resolución al presidente Castillo y al procurador general del Estado, Daniel Soria.
Curiosamente, cuando se conoció la resolución, el presidente participaba del acto de apertura del año judicial 2022.
En su discurso, Castillo señaló que su Gobierno «respeta la independencia judicial y promoverá una justicia imparcial, sin hacer referencia a su situación de acusado».
Ya en diciembre, el mandatario se había puesto a disposición de la Fiscalía y pidió que «se levante su secreto bancario, tributario y de comunicaciones».
Castillo no podrá ser indagado hasta que termine su mandato
El artículo 117 de la Constitución establece que el presidente «solo puede ser acusado, durante su período, por traición a la Patria; por impedir las elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales; por disolver el Congreso, salvo en los casos previstos en el artículo 134 de la Constitución, y por impedir su reunión o funcionamiento, o los del Jurado Nacional de Elecciones y otros organismos del sistema electoral».
Por eso es que Castillo no podrá ser indagado hasta que termine su mandato, aunque sí se podrá investigar a otras personas involucradas en los mismos hechos.
Ávalos busca establecer si hay relación entre las visitas que Karelim López realizó a la casa de Breña y las reuniones en la sede del Gobierno con el exsecretario general, Bruno Pacheco, y la posterior adjudicación por parte de Provias Descentralizado de un contrato al Consorcio Puente Tarata III para la construcción de un puente.
López ingresó a Provias como representante de la empresa Termirex y el Grupo Arose, integrantes del consorcio ganador.
También se investigará la relación entre las visitas que el empresario Samir Abudayeh realizó al Palacio de Gobierno el 15 y 18 de octubre, con la decisión de Petroperú, adoptada 10 días después, de comprar a la empresa Heaven Petroleum Operators (HPO) 280.000 barriles de biodiésel por 74 millones de dólares.
En una de las reuniones en la Casa de Gobierno de Abudayeh -directivo de HPO- con Castillo estuvo además el gerente general de Petroperú, Hugo Chávez Arevalo.
Ya a fines de diciembre la fiscal anticorrupción, Norah Córdova, había abierto una investigación preliminar de ocho meses contra Karelim López, el gerente Petroperú, Chávez Arévalo; y el empresario Abudayeh por presunto favorecimiento a la compañía HPO.
